17. Alianzas para lograr los objetivos | Agenda 2030 en América Latina y el Caribe

Manos juntando dos piezas de rompecabezas

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Description

El Objetivo 17 pretende revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. La Agenda 2030 es universal y exige la implicación de todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo, para garantizar que nadie se quede atrás. También requiere la colaboración entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible solo se pueden conseguir con asociaciones mundiales sólidas y cooperación para garantizar que nadie se quede atrás en nuestro camino hacia el desarrollo.
Sin embargo, no todos los países se encuentran en la misma situación de partida, y los países de ingresos bajos y medios afrontan enormes deudas que les impiden hacer avances en esta materia.

Metas e indicadores

Agencias, Fondos y Programas

Indicadores regionales

ODS

INDICADOR 17.1.1 Total de ingresos del gobierno (gobierno central presupuestario) en proporción al PIB (en porcentajes) GR_G14_GDP

(Número de países en cada rango - total 16 países)
2017

Fuente

Fuente: CEPAL, sobre la base de UN Global SDG Database.
ODS

INDICADOR 17.4.1: Servicio de la deuda en proporción a las exportaciones de bienes y servicios (en porcentajes) DT_TDS_DECT

(En porcentajes)
2000, 2018

Fuente

Fuente: CEPAL, sobre la base de UN Global SDG Database.

Panorama regional

- Para acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en América Latina y el Caribe es precisa la movilización de recursos internos y externos destinados a financiar el desarrollo ambiental, social y económico, sostenible e inclusivo.
  La movilización de recursos internos continúa siendo un desafío clave para la región, ya que la recaudación tributaria se ha estancado. La brecha tributaria entre la región y los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) se ha mantenido relativamente constante, después de haber disminuido marcadamente en el período 1990-2008. Los sistemas tributarios siguen caracterizándose por su estructura regresiva basada principalmente en la recaudación de impuestos sobre bienes y servicios.
  Tras haber registrado un incremento significativo desde 2014, el nivel de endeudamiento público en América Latina y el Caribe se ha estabilizado. Sin embargo, el entorno monetario y financiero restrictivo ha incrementado el peso del pago de intereses, lo que limita la capacidad de los países para financiar gastos prioritarios.
  Las tasas de inversión de América Latina y el Caribe son más bajas que las del resto de las economías emergentes, y el crecimiento de la inversión también es muy bajo, en especial desde la década de 1990.
  Las tecnologías ecológicamente racionales muestran un buen desempeño ambiental en comparación con las alternativas. Se han reducido los costos de muchas de ellas, lo que ha propiciado su expansión, permitiendo a los países de la región acceder a tecnologías más asequibles para reemplazar las tecnologías contaminantes más rápidamente.
  Los planes nacionales de desarrollo de la región se han impulsado notablemente en los últimos 20 años y, en varios casos, se han articulado con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus ODS.
  El estancamiento de las exportaciones de la región refleja el gran desafío que supone diversificar sus exportaciones de bienes y servicios y hacer que sean más intensivas en conocimiento. La complejidad de este desafío es aún mayor en un contexto en el que las tensiones geopolíticas y el creciente proteccionismo ponen en entredicho el modelo de globalización que ha prevalecido en las últimas décadas.
  América Latina y el Caribe sigue consolidando los procesos y los operativos estadísticos para disponer de datos oportunos, fiables y de calidad. Muchos países se vieron obligados a postergar sus censos debido a las restricciones sanitarias y logísticas derivadas de la pandemia de COVID-19 o a adaptar sus metodologías, lo que dio lugar a innovaciones censales, como el uso de tecnologías digitales y la integración de registros administrativos. Con respecto a los registros de nacimientos y defunciones, se ha observado una mejora significativa en la región, pero aún queda mucho por hacer y existen grandes diferencias entre los países en relación con la completitud de los registros y la calidad de los datos.
Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe
El análisis sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que aquí se presenta es el resultado de los debates que tuvieron lugar en el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, convocada bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Datos clave de la región

- En 2022, la recaudación tributaria de los países de la región equivalió, en promedio, al 21,5% del producto interno bruto (PIB), valor muy similar al 21,3% registrado en 2015.
  En 2023, la evasión tributaria ocasionó pérdidas por 433.000 millones de dólares, el equivalente al 6,7% del PIB, por lo que reducir esa evasión es fundamental.
  Los gastos tributarios implican una renuncia tributaria equivalente, en promedio, al 3,7% del PIB de América Latina.
  Hasta el momento (2025), se han recirculado solo 6.500 millones de dólares de derechos especiales de giro (3.400 millones de dólares a través del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza y 3.100 millones de dólares mediante el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad).
  A nivel subregional, en 2020, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) aumentó su capital autorizado al pasar de 5.000 millones de dólares a 7.000 millones de dólares.
  En diciembre de 2021, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó el mayor aumento de capital de su historia (7.000 millones de dólares de capital pagado).
  En marzo de 2024, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) decidió aumentar el capital del BID Invest en 3.500 millones de dólares.
  Se estima que, en 2024, la deuda pública bruta del gobierno general alcanzó, en promedio, un 69,4% del PIB, lo que representa una leve disminución con respecto al nivel de 2020, pero es un valor que se mantiene por encima del promedio del 56,6% del PIB de 2015.
  En 2023, los pagos de intereses en América Latina y el Caribe fueron equivalentes al 70% del gasto público en educación, al 86% del gasto en salud y al 57% del gasto en protección social.
  La participación de América Latina y el Caribe en las exportaciones mundiales de bienes se ha mantenido entre el 5,4% y el 5,9%, y en las exportaciones mundiales de servicios cayó del 3,7% en 2015 al 3,2% en 2023.
  El peso de las importaciones de tecnologías ecológicamente racionales en la región se sitúa en torno al 9% del total y ha ido en aumento hasta duplicar el porcentaje de las exportaciones.
  En 2023, se invirtieron casi 65 millones de dólares en el fortalecimiento de la capacidad estadística de los países en desarrollo, cifra superior a los 32 millones de dólares de 2015, pero inferior a los 94 millones de dólares de 2012.
  En 2023, 21 países de la región tenían una legislación nacional sobre estadísticas conforme a los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales, 25 países ya contaban con un plan estadístico nacional en proceso de aplicación, y 19 de ellos disponían de las fuentes de financiamiento para su implementación.
  Según los datos disponibles, en 2023, 25 de los 33 países que componen la región habían realizado al menos un censo de población y vivienda en los diez años anteriores.
  En 2020, el 74,5% de los países de la región habían registrado alrededor del 90% de los nacimientos y el 82,3%, al menos el 75% de las defunciones.
  En 2024, 22 países disponían de una infraestructura de datos geoespaciales formalmente establecida.

Buenas prácticas de la región

- Durante el 28º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tuvo lugar del 30 de noviembre al 13 de diciembre de 2023, los países desarrollados aprobaron la puesta en marcha del Fondo de Respuesta a las Pérdidas y los Daños al que se han comprometido a aportar 655 millones de dólares.
  En el marco de las Naciones Unidas, en septiembre de 2024 tuvo lugar la Cumbre del Futuro en la que participaron los países de la región, y que dio como resultado el Pacto para el Futuro, negociado a nivel intergubernamental y orientado a la acción, en el que se enfatiza la necesidad de reformar la arquitectura financiera internacional y garantizar financiamiento suficiente para los países en desarrollo.
  El Banco Africano de Desarrollo y el BID han presentado una propuesta para canalizar los derechos especiales de giro de los países desarrollados hacia los países que los necesitan, a fin de aumentar su capacidad de préstamo.
  Entre 2005 y 2022, se anunciaron más de 500 proyectos de inversión extranjera directa (IED) relacionados con energías renovables en la región, cuyo valor agregado se acerca a los 170.000 millones de dólares.
  Entre los acuerdos internacionales que promueven la reducción de los aranceles sobre las tecnologías ecológicamente racionales destaca el Acuerdo sobre Cambio Climático, Comercio y Sostenibilidad (ACCTS), un tratado pionero firmado en 2024 por Costa Rica, Islandia, Nueva Zelandia y Suiza, que busca eliminar las tarifas sobre 360 bienes ambientales, al tiempo que se definen 114 servicios que favorecen el medio ambiente.
  La estrategia de Chile para implementar la Agenda 2030 destaca por su centralidad en la necesidad de contar con recursos suficientes para alcanzar los ODS, con tecnologías y modernización de instituciones gubernamentales.
  Todos los países miembros de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han suscrito el Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas para América Latina y el Caribe promulgado en el marco de dicha Conferencia y promueven su adopción como marco de conducta profesional para la producción y la difusión de estadísticas oficiales, mediante acciones replicables basadas en experiencias comprobadas que ofrecen resultados satisfactorios y contribuyen al mejoramiento de la actividad estadística nacional.
  En enero de 2025 se realizó en la CEPAL un seminario sobre la medición del desarrollo y su relación con la cooperación internacional, apoyado por España y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), para discutir y analizar iniciativas para medir el desarrollo más allá del PIB per cápita, incorporando variables que reflejen vulnerabilidades, desafíos estructurales y capacidades nacionales.

Recomendaciones de la CEPAL

- La cooperación internacional es clave en la movilización de recursos. Los fondos procedentes de los países desarrollados son una opción de política complementaria para ampliar el financiamiento destinado a los países en desarrollo.
  La cooperación internacional debe renovarse sobre la base de una clasificación más allá del PIB per cápita que dé cuenta de los niveles de desarrollo de los países, especialmente los de ingreso medio.
  A mediano plazo, es clave concertar los acuerdos sociales y económicos necesarios para reforzar la recaudación directa sobre los ingresos y la propiedad, que representa la principal brecha entre la región y la OCDE.
  Una opción para aumentar la disponibilidad de recursos es la recirculación de derechos especiales de giro de los países desarrollados a los países en desarrollo. Una segunda opción, es la creación de mecanismos innovadores, como los fondos de liquidez financiados por los países desarrollados. Una tercera opción es aumentar la capacidad de préstamo de la banca multilateral y subregional mediante una mayor capitalización, el aumento de la capacidad para apalancar los recursos del sector privado y establecer criterios de préstamos más flexibles, o una combinación de estos.
  Es esencial fortalecer la movilización de recursos internos para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y dejar espacio para las políticas públicas orientadas al desarrollo productivo, inclusivo y sostenible, y a la garantía efectiva de los derechos humanos. Estos esfuerzos nacionales deben ir acompañados de avances a escala internacional, como la creación de instancias permanentes para la reestructuración y el alivio de la deuda soberana, y una mayor oferta de financiamiento en condiciones favorables, tasas condicionales y plazos largos por parte de las instituciones financieras internacionales.
  El fortalecimiento de la gobernanza y las capacidades técnicas, operativas, políticas y prospectivas (TOPP) de las instituciones es esencial para promover la movilización de recursos en la región. En cuanto a las capacidades técnicas, se debe mejorar el marco de gestión de políticas públicas integrales que faciliten la movilización de recursos financieros, tanto públicos como privados, y perfeccionar la gobernanza de los marcos de sostenibilidad fiscal.
  Con respecto a las capacidades operativas, las economías de la región deben desarrollar sistemas de información completos que vinculen el uso del financiamiento disponible con las políticas en áreas clave del desarrollo. Además, es crucial reforzar los procesos asociados al presupuesto nacional anual, las adquisiciones públicas y los sistemas nacionales de inversión pública para garantizar una gestión eficiente y alineada con las prioridades en materia de desarrollo.
  En lo que respecta a las capacidades políticas, es necesario mejorar la coordinación y la coherencia entre las políticas fiscales, monetarias, cambiarias y prudenciales. Además, para contribuir a la reforma de la arquitectura financiera internacional, la región debe adoptar posturas comunes en los distintos foros internacionales.
  En cuanto a las capacidades prospectivas, es fundamental que en la región se desarrolle la habilidad de generar escenarios futuros alternativos. Esto permitirá anticipar retos y necesidades, establecer estrategias y prioridades que se mantengan a lo largo del tiempo, y promover una toma de decisiones informada y estratégica.
  La combinación de políticas de comercio e inversión con políticas de desarrollo productivo puede contribuir a incorporar nuevas tecnologías ecológicamente racionales en la región y a ampliar su aplicación.
  Las instituciones financieras internacionales también deben garantizar que respetan plenamente los derechos humanos en su financiación y sus condiciones. El financiamiento del desarrollo debe alinearse con las normas internacionales, abordar la discriminación y otras causas profundas de las desigualdades e integrar la participación y la rendición de cuentas. Esta alineación requiere, entre otras cosas, una transformación del paradigma económico de dichas instituciones hacia la “economía de los derechos humanos”.
  Es fundamental que los países de la región actúen de manera coordinada y establezcan alianzas con otros países decididos a preservar el sistema multilateral de comercio y reformarlo para lograr una mayor sinergia con la Agenda 2030.
  Es preciso realizar cambios en las normas y los incentivos para favorecer las inversiones con bajas emisiones de carbono y modificar los criterios de rentabilidad a fin de dar prioridad a las opciones sostenibles.
  Mediante la creación de instrumentos como las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) y las estrategias climáticas de largo plazo, los países pueden transversalizar las decisiones en materia de cambio climático en diversos sectores y vincularlas con sus planes de desarrollo e inversión, así como con los presupuestos nacionales, para reforzar la coordinación y la coherencia imprescindibles entre los actores y las políticas en favor del desarrollo sostenible.
  Las acciones encaminadas a cumplir los ODS pueden acelerarse mediante la colaboración entre múltiples actores.
  Para lograr la sostenibilidad de las estrategias nacionales relacionadas con los programas estadísticos independientes y de calidad, es fundamental seguir invirtiendo en los sistemas estadísticos nacionales para satisfacer las necesidades de las instituciones responsables de garantizar la producción de datos para el seguimiento estadístico de la Agenda 2030 y crear capacidad estadística básica en los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID).
  Una cuestión transversal en relación con el ODS 17 es la necesidad de invertir en el desarrollo estadístico utilizando metodologías estadísticas inclusivas para obtener datos de alta calidad, oportunos y fiables, desglosados por múltiples características simultáneas, como sexo, orientación sexual, edad, origen étnico, riqueza, situación migratoria, situación de discapacidad, ubicación geográfica y otros aspectos pertinentes a los contextos nacionales.