• Se invita a los países de América Latina y el Caribe que todavía no lo hayan hecho a firmar y ratificar a la brevedad el Acuerdo de Escazú, y al sistema de las Naciones Unidas, los organismos internacionales y subregionales, los bancos de desarrollo, los donantes y otros actores relevantes a contribuir al logro del ODS 16 y, particularmente, a apoyar la pronta entrada en vigor e implementación del Acuerdo de Escazú.


• Los países de la región deben avanzar en la adopción e implementación de leyes y disposiciones que favorezcan el acceso a la información pública y la accesibilidad de la información, particularmente de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad en cada contexto.


• Es necesario desarrollar mecanismos de gobierno abierto y establecer mecanismos de agilización de trámites y procedimientos administrativos.


• Se deben fortalecer las instituciones y el estado de derecho a través de la reestructuración de los poderes públicos, fortaleciendo su autoridad con funcionarios capacitados, que respeten la separación de poderes.


• Debe darse seguimiento a la participación de los jóvenes e impulsar que sean ellos mismos quienes formulen sus propios canales de participación.

• Se necesitan campañas de educación, sensibilización y difusión de los ODS, que incentiven a la sociedad a implementarlos, tomando la paz como eje transversal de la Agenda 2030.


• Maximizar el potencial del voluntariado y su contribución a la Agenda 2030 mediante un cambio de enfoque que permita generar datos y medir su impacto, al igual que su integración en estrategias para el desarrollo.


• Luchar contra el machismo en la región mediante talleres de cambio cultural, en los que participen mujeres y hombres; campañas de comunicación para el desarrollo, y talleres con periodistas.


• Con el fin de implementar el objetivo de justicia social para todos, se podrían generar nuevos pactos entre el Estado y los ciudadanos que combatan las desigualdades en múltiples niveles, ya sean geográficos, políticos, de género, éticos, religiosos, sociales, económicos, culturales o medioambientales.

• El acceso a la información pública y el gobierno abierto (y el Estado abierto) es clave para la transparencia, la democracia, la rendición de cuentas y la buena gobernanza, y un requisito para la participación significativa del público en la toma de decisiones en materia de desarrollo sostenible.


• Los derechos de acceso otorgan legitimidad a la toma de decisiones y contribuyen a lograr paz y seguridad y a prevenir los conflictos.


• El estado de derecho es un catalizador del desarrollo sostenible; el acceso a la justicia es determinante para la justiciabilidad y exigibilidad de los derechos humanos.


• La violencia, en sus diversas manifestaciones, erosiona el tejido social de los países de América Latina y el Caribe y es un problema transversal para el desarrollo inclusivo; los elevados índices de violencia afectan directamente a los jóvenes. La violencia de género, el feminicidio o femicidio, el acoso y la trata de personas constituyen una problemática regional que requiere atención urgente.

• El logro del ODS 16 depende de la sociedad en su conjunto, incluidos los defensores de personas y grupos marginados o tradicionalmente excluidos, y es esencial la participación activa de grupos específicos (mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, pueblos indígenas y migrantes, entre otros) para lograr un desarrollo sostenible con igualdad y con un enfoque de derechos. Los gobiernos locales, los parlamentarios y el sector académico son también actores críticos en la implementación del ODS 16.


• Las instituciones nacionales de derechos humanos deben participar activamente en el seguimiento de la Agenda 2030 para reflejar los estándares de derechos humanos en las políticas públicas relacionadas con el ODS 16 y la Agenda 2030 en su conjunto.


• El sector privado también puede hacer una importante contribución a los esfuerzos para la consolidación de la paz, la inclusión, el avance del estado de derecho y la eliminación de la corrupción, a fin de crear un entorno propicio para el desarrollo sostenible donde las empresas puedan prosperar.


• El voluntariado es un poderoso acelerador del ODS 16, especialmente para incluir a grupos poco representados y asegurar que nadie se quede atrás.

Desafíos

• Contar con el financiamiento y los recursos económicos, materiales y humanos para implementar el ODS 16.


• Hacer partícipes a todos los sectores de la población, llegar a los más rezagados, tradicionalmente marginados o excluidos, y apoyar a personas y grupos en situación de vulnerabilidad.


• Las dificultades existentes para medir los progresos realizados en el ámbito del ODS 16, debidas a la falta de indicadores o a que estos no son comparables entre los países.


• La discriminación y las desigualdades en todas sus formas y manifestaciones, así como todas las formas de violencia, como la violencia sexual, cultural, social, estructural e institucionalizada, y especialmente la violencia de género.


• El cierre del espacio democrático en la región y los niveles muy bajos de confianza en el Estado y la democracia.


• La corrupción instalada en todas las instancias y niveles en la región.


• Las brechas de género, la desigualdad en todas sus manifestaciones, la falta de oportunidades y el limitado acceso a la justicia.


• La criminalización de la protesta, de la libertad de expresión y de la participación y de las libertades fundamentales; la discriminación y diversas formas de explotación, y las detenciones arbitrarias por parte de los agentes de la seguridad pública.


• La falta de efectividad de los mecanismos de participación activa de la juventud en la toma de decisiones no permite una verdadera representatividad en el sistema.

Oportunidades

• 23 países de la región cuentan con una ley de acceso a la información pública.


• 17 países son miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto; ya se han implementado 38 planes de acción y hay 10 en etapa de implementación, además de 1.100 compromisos de acción para el período 2011-2020.


• 14 instituciones nacionales de derechos humanos en América Latina y el Caribe cuentan con estatus A, de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París).


• Una pronta entrada en vigor e implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) favorecerá el cumplimiento de la Agenda 2030 y los acuerdos multilaterales ambientales.

• El proceso de negociación del Acuerdo de Escazú fue un proceso abierto, inclusivo y convocante, que generó alianzas entre los Gobiernos y el público, el sector académico y el sector privado, y que favorece la cooperación Sur-Sur y el multilateralismo para el desarrollo sostenible.


• En el caso de la contaminación del río Matanza-Riachuelo (Argentina), la justicia ha ido abriendo camino hacia una mayor operatividad del derecho ambiental y a una participación activa de la comunidad, que contribuye al monitoreo y el cumplimiento de sentencias ambientales.


• En el Perú se ha avanzado hacia la implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, como parte del proceso de reglamentación realizado por parte del Ministerio del Ambiente, incluyendo la incorporación de recomendaciones de la sociedad civil, la actualización del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, y el Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental, que incorpora diez compromisos para promover la justicia ambiental en el país (uno de ellos es el observatorio de justicia ambiental, al que se han incorporado más de 20 instituciones).

• Los procesos internos para la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, con participación de los distintos poderes, la sociedad civil y otros actores interesados, en Antigua y Barbuda, Bolivia (Estado Plurinacional de), Costa Rica, el Ecuador, Guatemala, Guyana, México, el Perú, la República Dominicana, Santa Lucía y el Uruguay, entre otros.


• La implementación de la Convención sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (Convención de Aarhus) de la Comisión Económica para Europa (CEPE), constituye un referente y ofrece oportunidades de colaboración interregional.


• El Foro Juventudes de América Latina y el Caribe 2030 (celebrado en Santiago en abril de 2019) incluyó una serie de conferencias virtuales donde los jóvenes conocieron los ODS. Una etapa preparatoria al Foro incluyó una consulta virtual y la realización de 50 mesas juveniles a nivel local, con cientos de jóvenes de 16 países de la región.