Objetivo 16: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

El Objetivo 16 pretende promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para toda la población y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Las personas de todo el mundo deben vivir libres del miedo a cualquier forma de violencia y sentirse seguras en su día a día, sea cual sea su origen étnico, religión u orientación sexual.
Sin embargo, los conflictos violentos, actuales y nuevos, en todo el mundo, están haciendo descarrilar el camino global hacia la paz y hacia la consecución del Objetivo 16.
Resulta alarmante que en el año 2022 se produjera un aumento en más del 50 % en el número de muertes de civiles relacionadas con los conflictos, el primero desde la adopción de la Agenda 2030, debido en gran parte a la guerra de Ucrania.
Los altos niveles de violencia armada e inseguridad tienen consecuencias destructivas para el desarrollo de un país, mientras que la violencia sexual, los delitos, la explotación y la tortura son fenómenos generalizados donde existen conflictos o no hay Estado de derecho, por lo que los países deben tomar medidas para proteger a los sectores que corren más riesgos.
Los gobiernos, la sociedad civil y las comunidades deben colaborar para encontrar soluciones duraderas a los conflictos y al clima de inseguridad. El fortalecimiento del Estado de derecho y la promoción de los derechos humanos es fundamental en este proceso, así como la reducción del tráfico de armas ilícitas, la lucha contra la corrupción y el fomento de una participación inclusiva.

Metas e indicadores

Agencias, Fondos y Programas

Indicadores regionales

Panorama regional respecto al logro del ODS 16

- En América Latina y el Caribe se registran altas tasas de homicidios desde la década de 1990, que han llegado a ser las más elevadas del mundo. Aunque la región solo concentra cerca del 9% de la población mundial, en ella se cometen casi un tercio del total de homicidios, los que se han atribuido en gran medida a acciones violentas relacionadas con conflictos entre grupos delictuales organizados que compiten por el control de los mercados ilegales.
  
  En la región persisten algunos problemas estructurales, como la debilidad del Estado de derecho, la desigualdad social y el desempleo juvenil, y problemas coyunturales, como la producción y el tráfico de drogas y la posesión y uso de armas de fuego. Si bien los países están tomando medidas para abordar la violencia, las estrategias aplicadas para ello son variadas, al igual que los patrones y las tendencias de reducción, lo que refleja la complejidad de la situación en cada país.
  
  Existe escasa información estadística sobre las tendencias de las entradas y salidas de flujos financieros ilícitos y la incautación, entrega o legalización de armas ilícitas. La región está lejos de garantizar un alto estándar de transparencia y rendición de cuentas, lo que se traduce en niveles muy elevados de desconfianza y percepción de corrupción.
  
  Las poblaciones vulnerables enfrentan más obstáculos para ejercer su derecho a participar de manera informada y efectiva en la vida pública y en la formulación de políticas públicas. No obstante, existen esfuerzos destacables dirigidos a garantizar la igualdad de acceso a la justicia, la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas y el acceso público a la información.
Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas en América Latina y el Caribe

El análisis sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que aquí se presenta es el resultado de los debates que tuvieron lugar en el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, convocada bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Datos clave de la región sobre los temas que aborda el ODS 16 y sus metas

- La región tiene una tasa promedio de 19,9 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos de 2021, mientras que las tasas en el resto del mundo son de 2,3 en Asia, 2,2 en Europa, 2,9 en Oceanía, 6,3 en América del Norte y 12,7 en África (1). Existe una gran heterogeneidad entre los países. En América del Sur, mientras que el Brasil presentó una tendencia a la baja desde 2017, en países como Colombia y el Ecuador se produjeron aumentos considerables de este indicador entre fines de 2020 y de 2021. De manera similar, mientras que en varios países de Centroamérica, como Belice, El Salvador, Honduras y Panamá, se registraron disminuciones de los homicidios, a raíz de agresivas intervenciones contra las pandillas, en Costa Rica se produjo un ligero aumento entre 2019 y 2022.
  
  En lo que respecta a otras formas de violencia, la población que ha sido víctima de robos ha ido a la baja en varios países de la región, y las mayores reducciones se observan en Chile, Colombia, México y el Perú. Una tendencia similar se registra en la prevalencia de la violencia física, pero desafortunadamente no en el caso de la violencia sexual ni en la percepción de inseguridad al caminar sin compañía en la zona en que se reside. Si bien la región avanza hacia el cumplimiento de la meta 16.1, de reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo, dicho avance es insuficiente.
  
  El aumento de la producción de cocaína desde 2020 y la expansión de las organizaciones delictuales transnacionales se han traducido en mayores tasas de homicidios. En el Ecuador se produjo un aumento de los homicidios del 407% entre 2016 y 2022, lo que se atribuye a la intensificación de la competencia violenta entre bandas rivales que se dedican al narcotráfico. En el Caribe, el tráfico de drogas ha incrementado la violencia de las pandillas, lo que se ha reflejado en el aumento de los homicidios; en las Islas Turcas y Caicos, por ejemplo, estos se incrementaron más de un 50% entre 2021 y 2022.
  
  Los países de América Latina y el Caribe registran la más alta proporción dentro del total mundial de homicidios relacionados con armas de fuego. En 2021, hubo al menos 89.100 víctimas de homicidios relacionados con armas de fuego en la región, y las tasas específicas por cada 100.000 habitantes fueron de 9,3 en el Caribe, 16,9 en la agrupación conformada por Centroamérica y México, y 12,7 en América del Sur.
  
  Estimaciones sobre el alcance de la corrupción y el soborno muestran que cerca de la mitad de la población siente preocupación por los niveles de corrupción en su país. Entre 2004 y 2021, el porcentaje de personas que consideraban que la corrupción estaba algo o muy generalizada pasó del 73,0% al 76,2%. Asimismo, el porcentaje de quienes consideran que el progreso en la lucha contra la corrupción es escaso o nulo, aumentó del 59,8% en 2010 al 65,1% en 2015 y el 66,0% en 2023.
  
  El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2) estimó en 2017 que el costo social de la delincuencia representaba un 0,64% del PIB, que el gasto en servicios de seguridad ascendía al 1,37% del PIB y que el gasto público en este rubro era del 1,51% del PIB.

Buenas prácticas de la región respecto al ODS 16

- En el Caribe se implementan acciones a favor del acceso a la justicia mediante la mejora de la calidad y la eficiencia del servicio de justicia, por ejemplo, en Jamaica, mediante la implementación de un sistema automatizado de gestión de documentos en los tribunales y mejoras en la infraestructura y la tecnología en el sistema judicial, o en Trinidad y Tabago, a través de la introducción de reglas de procedimiento y enmiendas legales para garantizar la eficiencia y la equidad en el sistema de justicia penal.
  
  En América Latina también se identifican acciones relevantes, como la promulgación de una ley para acelerar procedimientos penales y combatir la violencia por la vía judicial en el Estado Plurinacional de Bolivia, o el énfasis puesto en el respeto del Estado de derecho y el debido proceso en el sistema judicial de Cuba.
  
  Algunos países han implementado medidas para revertir el incremento de la cantidad de armas oficialmente registradas. En el Uruguay se promulgó la Ley núm. 19247, que establece sanciones para los delitos relacionados con la tenencia irregular y el tráfico de armas y municiones; en Chile se han incrementado las entregas voluntarias en el marco de la Ley de Control de Armas (núm. 17798), y en Colombia se ha producido un incremento sostenido de la incautación de armas gracias a las acciones de la Policía Nacional de Colombia.
  
  El derecho de las personas a participar en la vida pública de la nación tiene rango constitucional en varios países de la región y en al menos ocho se han aprobado leyes o decretos de participación, en los que se reconoce y garantiza el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos y se prevén mecanismos para ello.
  
  Los países han comenzado a innovar a fin de implementar nuevas formas de adopción de decisiones inclusivas que respondan a las necesidades de la ciudadanía, incluida aquella que ha estado tradicionalmente excluida de la toma de decisiones. La Visión del Perú al 2050, por ejemplo, se nutrió de un amplio proceso en que participaron más de 4.500 representantes de gobierno, de la sociedad civil, del sector académico, de empresas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y personas en situación de vulnerabilidad, entre otros (3).
  
  América Latina y el Caribe ha avanzado en la instalación del paradigma del Estado abierto, de la mano de la iniciativa global voluntaria denominada Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), que actualmente incluye a 15 países de la región y que ha facilitado la creación en forma conjunta, entre el Estado y la ciudadanía, de 70 planes de acción, sumando un total de 1.389 compromisos en la última década.
  
  Diversas organizaciones ciudadanas de la región están utilizando datos abiertos del presupuesto para comprender mejor las compras públicas, tanto nacionales como municipales, lo que fomenta el control social. Esta información puede servir también para establecer si las compras públicas están incorporando o no criterios de sostenibilidad.
  
  El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) de México evalúa anualmente todos los programas sociales federales para contribuir a la coherencia de las políticas, evitando duplicidades de esfuerzos y recursos, y maximizando los resultados (4).
  
  El derecho de acceso a la información pública tiene rango constitucional en la mayoría de los países de la región y 24 de ellos cuentan con leyes específicas sobre la materia (5), la última de las cuales se promulgó en 2021. En el Estado Plurinacional de Bolivia (6) y Costa Rica (7) esta materia se encuentra regulada por decretos expedidos por el Poder Ejecutivo. En el Caribe, el acceso a la información y la participación se enmarca en los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación (8).
  
  El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) (9) es una importante iniciativa regional con miras a la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. El Acuerdo establece que cada Parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas y tomará medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover sus derechos, y para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones que puedan sufrir en el ejercicio de esos derechos.

Recomendaciones de la CEPAL para alcanzar el ODS 16 y sus metas

- Es necesario que los gobiernos promuevan políticas de justicia abierta y aprovechen las herramientas digitales para fortalecer los sistemas internos y externos de control, que aporten una mayor transparencia y rendición de cuentas respecto de los casos que se atienden en las distintas instancias judiciales.
  
  Se requiere revertir la tendencia de desconfianza hacia las instituciones y hacia los funcionarios públicos que caracteriza a la región. Para ello es esencial disponer de una institucionalidad sólida que dependa tanto de los recursos financieros invertidos en la acción pública como de marcos legales en armonía con los principales instrumentos mundiales.
  
  Se necesita poner a disposición de la ciudadanía un mayor y mejor acceso a la información pública, que facilite la colaboración y la toma de decisiones, y permita anticiparse a eventos disruptivos, como la violencia, y organizarse en estructuras participativas para crear de forma conjunta soluciones que permitan poner en valor el conocimiento colectivo.
  
  En varios países, es fundamental mejorar la resolución de casos judiciales, considerando la importancia de aumentar la eficiencia y efectividad del sistema judicial, como lo demuestran los altos porcentajes de personas que se encuentran privadas de libertad sin sentencia.
  
  Se aconseja mejorar la priorización del gasto público y su expresión en los programas presupuestarios, para lo que se requiere avanzar en la gestión presupuestaria y mejorar la coordinación entre los ministerios de las áreas de finanzas y planificación, a fin de lograr una mayor coherencia entre los objetivos de los planes y su financiamiento (10).
  
  Se debe avanzar en la promoción de presupuestos abiertos con el objetivo de incrementar la confianza en las instituciones, asegurar la calidad del gasto y prevenir la corrupción, así como promover la innovación y el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios.
  
  Es importante mejorar la gestión y la rendición de cuentas sectorial de los programas sociales para limitar la discrecionalidad y asegurar que los recursos destinados a los sectores más vulnerables de la población, con frecuencia menos empoderados, se ejecuten adecuadamente. Para ello, son esenciales los sistemas de evaluación y, más aún, que sus resultados sean accesibles no solamente para los gestores de dichos programas, sino también para la sociedad en su conjunto.

ODS 16 - Notas al pie

- (1) Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Global Study on Homicide 2023, Nueva York, 2023.
  
  (2) Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Los costos del crimen y de la violencia. Nueva evidencia y hallazgos en América Latina y el Caribe, Laura Jaitman (ed.), Nueva York, 2017.
  
  (3) Véase [en línea] https://www.ceplan.gob.pe/visionperu2050/.
  
  (4) Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Institucionalidad social en América Latina y el Caribe: eje central para avanzar hacia un desarrollo social inclusivo (LC/CDS.5/3), Santiago, 2023.
  
  (5) Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Belice, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de).
  
  (6) Decreto Supremo núm. 28168, sobre acceso a la información.
  
  (7) Decreto núm. 40200-MP-MEIC-MC, sobre transparencia y acceso a la información pública, y Decreto núm. 40199-MP, sobre la apertura de los datos públicos.
  
  (8) Véase el Observatorio del Principio 10 en América Latina y el Caribe, de la CEPAL [en línea] https://observatoriop10. cepal.org.
  
  (9) El Acuerdo de Escazú fue adoptado el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021. Mediante la garantía del acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia, el Acuerdo fortalece el Estado de derecho y los derechos de acceso en asuntos ambientales desde una perspectiva de fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, enfocándose en el principio de no dejar a nadie atrás. El Acuerdo cuenta con 24 países signatarios y 15 Estados Parte. Dispone de un centro de intercambio de información, que, entre otros aspectos, ofrece información sobre los derechos de acceso contenidos en las constituciones, leyes, reglamentos, planes, estrategias y políticas nacionales de los países de la región. Véase Observatorio del Principio 10 en América Latina y el Caribe [en línea] https://observatoriop10.cepal.org.
  
  (10) Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama de la Gestión Pública en América Latina y el Caribe, 2023: un Estado preparado para la acción climática (LC/PUB.2023/27-P), Santiago, en prensa.