• América Latina y el Caribe es la única región del mundo que cuenta con una Agenda Regional de Género, que es una hoja de ruta profunda e integral, emanada de los acuerdos alcanzados por los Estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en las reuniones de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe celebradas desde 1977¹ .
• El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo es un acuerdo regional que constituye uno de los instrumentos más avanzados del mundo para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en un marco de desarrollo sostenible y que se articula con la Agenda Regional de Género.
• Hay avances en lo referente a la legislación sobre la protección de los derechos de las mujeres, incluidas las leyes de paridad política y las normativas contra la violencia de género. No obstante, continúan existiendo desafíos estructurales, como la persistencia de los feminicidios, la división sexual del trabajo, la desigual organización social del cuidado y la brecha en el acceso a recursos económicos y tecnológicos.
• Las mujeres trabajan una cantidad similar o mayor de horas a la semana que los hombres. A pesar de ello, en todos los casos, las mujeres dedican menos horas al trabajo remunerado que los hombres, pues destinan más horas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo que socava su capacidad de obtener ingresos propios y el ejercicio de su autonomía.
• En la región se han producido avances también en lo relativo a la ampliación de las licencias por maternidad y paternidad, aunque es preciso promover la ratificación y la aplicación de las normas internacionales del trabajo vinculadas con los cuidados² para mejorar aspectos como el tiempo de las licencias por paternidad y la creación de licencias parentales y de cuidados de larga duración.

1. Este órgano intergubernamental establece compromisos y orientaciones sobre políticas públicas con el objetivo de lograr la igualdad de género normativa y sustantiva, la garantía de los derechos y la autonomía de las mujeres.

2. En ese sentido, el Convenio sobre la Protección de la Maternidad, 2000 (núm. 183) y el Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 (núm. 156) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) son fundamentales para establecer licencias y servicios de cuidado.

• Treinta y seis países y territorios de la región han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Todos los países y territorios de América Latina y el Caribe cuentan con leyes para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, algunas de ellas circunscritas al ámbito doméstico, y 14 países han aprobado leyes integrales que permiten abordar todas las manifestaciones de la violencia en los distintos espacios en los que se produce.
• Se han promulgado marcos normativos orientados a luchar contra manifestaciones de la violencia por razón de género, como el femicidio o feminicidio en 19 países y territorios, y la prohibición del matrimonio infantil sin excepciones en 14 países.
• La proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia física, sexual o psicológica a manos de su actual o anterior pareja en los últimos 12 meses, desglosada por forma de violencia y edad, alcanza en la región la cifra del 7%, y llega al 8,3% en el caso de las mujeres de 15 a 49 años de edad. Sin embargo, entre el 63% y el 76% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia por razón de género en algún ámbito de su vida.
• En 2023 al menos 3.897 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio, lo que significa que, como mínimo, 11 mujeres y niñas mueren cada día por el hecho de ser mujeres.
• Según datos de 2023, en promedio, el 4% de las mujeres de 20 a 24 años de 26 países y territorios de la región estaban casadas o unidas antes de los 15 años, y el 21,2%, antes de los 18 años, lo que está estrechamente vinculado con la deserción o expulsión escolar.
• Dieciocho países contaban con mandatos constitucionales y legislativos para promover la representación de las mujeres a nivel nacional o local, y 9 de ellos habían aprobado leyes de paridad de género.
• A nivel regional, los países que contaban con medidas de paridad que incluyen mecanismos robustos para su cumplimiento alcanzaron una participación femenina promedio del 45% en 2023, lo que supera en 13 puntos porcentuales el promedio del 32% de los países que no contaban con estas medidas.
• La participación de las mujeres alcanzó un promedio del 35,8% en los parlamentos nacionales en 2024 y del 27,2% en los cargos deliberativos de los gobiernos locales en 2023. Por su parte, solo el 36,3% de los cargos directivos se encontraban ocupados por mujeres en 2022.
• Ocho países han aprobado leyes que crean sistemas o políticas nacionales de cuidados.
• A pesar de que en todos los países de América Latina y el Caribe se reconoce el derecho a la licencia de maternidad, en 10 países la duración de dicha licencia es de 14 a 17  semanas, y solo en 5 de ellos se otorgan licencias de 18 semanas o más. En los 18 países restantes, la licencia de maternidad dura menos de 14 semanas.
• Veintitrés países de América Latina han llevado a cabo al menos una medición del uso del tiempo, y 5 de ellos han elaborado cuentas satélite sobre el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado basándose en estadísticas oficiales. Estas mediciones indican que el porcentaje del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado equivale a entre una cuarta y una quinta parte del producto interno bruto (PIB) y que las tres cuartas partes de ese porcentaje corresponden a la contribución de las mujeres.
• La información disponible de 21 países de América Latina y el Caribe para 2022 muestra que el 75% de ellos contaba con leyes y reglamentos que garantizan el acceso a la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, en el Caribe, este indicador se situó en el 54%.
• Ocho países de la región prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia: El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis y Suriname. Por otro lado, seis países lo garantizan sin restricción por causales (Argentina, Colombia, Cuba, Guyana, México y Uruguay). El resto lo permite solo en ciertas circunstancias.
• Siete países de la región cuentan con información sobre las decisiones de anticoncepción en el período comprendido entre 2006 y 2018. El 91% de las mujeres de 15 a 49 años declaró tomar sus propias decisiones informadas sobre el uso de anticonceptivos. Esta cifra se situó en el 86% en el caso de las decisiones sobre atención de la salud reproductiva y en el 90% en el de las decisiones sobre relaciones sexuales.
• La información disponible sobre 19 países y territorios de la región indica que la proporción de personas que poseían un teléfono móvil en 2023 era del 83,8%, y no existían diferencias significativas entre las mujeres (83,8%) y los hombres (83,7%). Si bien estos datos son positivos —y mejores que los del indicador a nivel mundial—, el ritmo de los progresos es insuficiente para alcanzar la meta.
• El 13% de los países de América Latina y el Caribe dispone de sistemas para el seguimiento de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como para la asignación de fondos públicos a este propósito. En 2021, el Estado Plurinacional de Bolivia y el Ecuador contaban con los sistemas más completos, mientras que el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, el Paraguay y la República Dominicana cumplían con menos criterios.

• El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL publica un conjunto de indicadores relevantes para hacer un seguimiento del avance hacia la igualdad de género, la autonomía económica y física y la toma de decisiones de las mujeres y las niñas en toda su diversidad.
• Los países han avanzado en el desarrollo de estrategias para implementar la legislación existente sobre violencia por razón de género en los distintos niveles de la administración pública. Algunos ejemplos son el Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género, de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, aprobado por Colombia en 2020, la Coordinadora Nacional del Mecanismo de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas en Guatemala y la Ley núm. 21675, aprobada en 2024, de Chile.
• La sociedad del cuidado, un paradigma propuesto por la CEPAL y aprobado por los Estados en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, ubica la sostenibilidad de la vida en el centro y reconoce la interdependencia que existe entre las personas, la dimensión ambiental y el desarrollo económico y social, considerando el autocuidado y el cuidado de las personas, de quienes cuidan y del planeta.
• En el Caribe se destacan las medidas implementadas para abordar los desastres con perspectiva de género.
• Países como Argentina, Costa Rica, el Ecuador, Guatemala, México y Nicaragua han implementado medidas para el seguimiento y la lucha contra la explotación y el acoso sexual en línea.
• Cabe mencionar los casos de Colombia, donde la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo está institucionalizada por ley y se lleva a cabo cada tres años, y de México, donde la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo se implementa cada cinco años y ha sido declarada Información de Interés Nacional.
• En la región se destaca la labor de algunos países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y República Dominicana) en lo que respecta al desarrollo de mapas y sistemas de georreferenciación con indicadores de género y de oferta y demanda de cuidados, a fin de fortalecer el diseño de las políticas públicas de cuidado.
• Cabe señalar la reforma constitucional de 2019 en México, denominada “Paridad en todo”, que estableció la obligatoriedad del principio de paridad en todos los niveles y poderes de gobierno. En países como Honduras y el Perú, los cambios legislativos en pro de la paridad, que elevaron el objetivo de participación de las mujeres en las listas del 30% al 50%, se tradujeron en aumentos significativos de mujeres electas a cargos deliberativos de ámbito local.
• En los últimos años, varios países de la región han implementado y reforzado políticas destinadas a garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Destacan los programas para adolescentes desarrollados en países como la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Costa  Rica, Cuba, el Ecuador, México, Panamá, el Perú y Venezuela (República Bolivariana de). En la Argentina, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, México y Panamá, se han adoptado medidas para incorporar la educación sexual dentro de las normativas generales para la gestión educativa y los planes de estudio.
• En Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela (República Bolivariana de), han tenido lugar experiencias exitosas en materia de incorporación de la perspectiva de género en el acceso a la tierra gracias a la realización de cambios normativos e institucionales.

• Se recomienda avanzar en la implementación de la Agenda Regional de Género en sinergia con la Agenda 2030, partiendo de lo establecido en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, para superar los nudos estructurales de la desigualdad de género.
• Es imprescindible avanzar en lo acordado en el Compromiso de Buenos Aires³ respecto de la promoción de la autonomía de las mujeres, adolescentes y niñas, mediante el fortalecimiento de capacidades, la tecnología, la asistencia humanitaria y la inversión en infraestructuras y servicios esenciales que permitan garantizar el acceso universal a la salud integral.
• Es fundamental fortalecer la normativa relacionada con la igualdad de género en el ámbito laboral, en aspectos como la prohibición explícita de la discriminación por razón de género en el empleo y la garantía de la igualdad salarial por la realización de trabajos del mismo valor. Es necesario ratificar y aplicar el Convenio núm. 183 y el Convenio núm. 156 de la OIT, así como ajustar las características de las licencias de maternidad, paternidad y parentales a los estándares internacionales.
• Se recomienda promover transformaciones de los patrones culturales patriarcales, lo que implica, por un lado, fomentar masculinidades corresponsables y no violentas, y, por otro lado, impulsar la implementación de leyes, políticas y planes de acción integrales y multisectoriales, y programas educativos de sensibilización para prevenir, atender, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación por razón de género contra las mujeres, las adolescentes y las niñas en toda su diversidad, en sus diferentes ámbitos y manifestaciones.
• Es preciso reforzar los sistemas de información estadística sobre la violencia, adoptando un enfoque de género, interseccionalidad e interculturalidad.
• Es importante tener en consideración los efectos del cambio climático, los desastres ambientales y las situaciones de catástrofe que agravan los escenarios de violencia por razón de género que experimentan las mujeres y las niñas.
• Es clave prohibir el matrimonio infantil en la legislación sin excepciones, romper el silencio estadístico y social sobre este problema, y reforzar las políticas y los servicios públicos para el desarrollo integral de niñas y adolescentes.
• Garantizar el acceso de las mujeres a recursos económicos como la propiedad y el control sobre la tierra y otros recursos es crucial para promover la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el ejercicio de su autonomía.
• Además de reconocer, medir y valorar el trabajo de cuidados no remunerado, es imprescindible implementar políticas públicas para reducir y redistribuir dicho trabajo, de acuerdo con los principios de universalidad, intersectorialidad, interseccionalidad y corresponsabilidad entre hombres y mujeres y entre los hogares, el Estado, el mercado y las comunidades

3 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Compromiso de Buenos Aires (LC/CRM.15/6/Rev.1), Santiago, 2023.