• Los Gobiernos de América Latina y el Caribe identificaron cuatro nudos estructurales constitutivos de la desigualdad de género en la región: desigualdad socioeconómica y persistencia de la pobreza en el marco de un crecimiento excluyente; patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos y predominio de la cultura del privilegio; división sexual del trabajo e injusta organización social del cuidado, y concentración del poder y relaciones de jerarquía en el ámbito público. La superación de estos nudos es clave para alcanzar la igualdad de género en la región llegado 2030.


• Los Gobiernos de América Latina y el Caribe han avanzado en la normativa para erradicar la violencia contra las mujeres y eliminar prácticas, discursos y patrones culturales patriarcales que limitan la autonomía y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.


• América Latina es, a nivel mundial, la región con mayor número de mujeres electas en los Parlamentos nacionales. Aun así, la gran mayoría de los países latinoamericanos y caribeños están lejos de alcanzar la paridad de género en los órganos legislativos y en otros ámbitos de la política.

• Muchas de las mujeres que se incorporan al mercado laboral buscando empleo no logran acceder a él o se insertan en empleos de baja productividad. En los últimos años el menor ritmo de creación de empleos ha dado lugar a un aumento del desempleo femenino, que sigue siendo superior al de los hombres.


• La reducción de la pobreza no ha beneficiado de igual forma a hombres y mujeres. Hay una mayor presencia relativa de mujeres en los hogares en situación de pobreza, especialmente en aquellos encabezados por mujeres con familiares a cargo.


• La adaptación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible al contexto local y la integración de la igualdad de género, el empoderamiento y la autonomía de las mujeres en los espacios locales son acciones centrales para la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades y la gobernabilidad y la paz.

Desafíos

• Uno de los obstáculos más grandes y en ocasiones menos visibles a los que se enfrentan las mujeres en política es la violencia expresada en forma de acoso político, amenazas e incluso feminicidios. Este tema solo se ha abordado de manera sistemática en los últimos años, también a través de avances normativos.


• La participación en la fuerza laboral, así como el acceso de las mujeres a cualquier forma de ingreso autónomo, siguen siendo altamente estratificados según el nivel socioeconómico de las mujeres.


• La mejora de la participación laboral femenina en décadas recientes no ha ido acompañada de una mayor dedicación de tiempo por parte de los hombres al trabajo doméstico no remunerado, debido a patrones culturales discriminatorios, sociales, culturales y demográficos.


• Aun cuando más mujeres que hombres terminan la educación secundaria, las mujeres todavía no cuentan con las mismas oportunidades de empleo que los hombres, y ellas, además, ganan menos.


• El Caribe sigue siendo la única subregión que aún no lleva a cabo una encuesta sobre el uso del tiempo para cuantificar el trabajo no remunerado a fin de abordar de manera integral las desigualdades arraigadas vinculadas a la división sexual del trabajo.

Oportunidades

• En los últimos años se han logrado avances importantes en materia de institucionalidad, permitiendo alcanzar resultados significativos en cuanto a la implementación de estrategias de transversalización de género en distintos sectores y niveles de los Estados.


• La Agenda Regional de Género y la Agenda 2030 señalan la importancia del reconocimiento y la valorización del trabajo no remunerado en materia de autonomía económica, así como de los instrumentos de medición del uso del tiempo. La visibilización estadística de fenómenos que impactan a las mujeres permite la implementación de políticas públicas de igualdad con base empírica.


• Al abordar la violencia de género en la región se han impulsado diversas medidas legislativas y programáticas, como la promulgación de leyes de protección integral, la regulación del feminicidio o femicidio o el aumento de las medidas de protección, que incluyen desde protección directa a las víctimas hasta acciones vinculadas al acompañamiento en el proceso judicial.


• En cuanto a la autonomía en la toma de decisiones, en las últimas dos décadas la mayoría de los países de América Latina y el Caribe han aprobado leyes de cuotas y paridad con el objetivo de impulsar democracias paritarias.

• La puesta en marcha de las medidas de la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 ha sido clave para crear las condiciones estructurales, los mecanismos y los recursos necesarios para garantizar los derechos de las mujeres y avanzar hacia el logro de la igualdad de género. Los Gobiernos están empleando la Estrategia de Montevideo como instrumento para la formulación de políticas de igualdad de género que forman parte de las estrategias de desarrollo sostenible. En la actualidad, ya han informado sobre avances en su implementación 25 países de la región. Por ejemplo, en la República Dominicana la Estrategia de Montevideo se utilizó como marco de referencia para las acciones de implementación del ODS 5 en el país.


• En la región se ha visto fortalecida la institucionalidad de género, ya sea con los propios mecanismos para el adelanto de las mujeres o a través de coordinaciones institucionales intersectoriales para llevar a cabo políticas transversales.

• Con el fin de superar la división sexual del trabajo y la injusta organización social de los cuidados, varios Estados han diseñado leyes y políticas de cuidado. Estas iniciativas buscan garantizar los derechos de las personas que necesitan cuidados durante todo el ciclo de vida y, al mismo tiempo, abordan el problema de la sobrecarga de trabajo no remunerado de las mujeres y las consecuencias para su autonomía económica. Por ejemplo, en el Uruguay, la Ley núm. 19353 creó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) como el cuarto pilar del sistema de protección social del país. En Chile se diseñó y puso en marcha entre 2015 y 2017 el Sistema Nacional de Cuidados, que incluye un Subsistema Nacional de Apoyos y Cuidados en el que se reconoce el rol de las mujeres como cuidadoras. En Costa Rica, la Ley núm. 9220/2014 de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI) busca articular diferentes instituciones que prestan atención integral de cuidado a la población infantil para permitir la incorporación de las mujeres al mercado laboral.


• En algunos países de la región, los Ministerios de la Mujer han participado en la elaboración de los exámenes nacionales voluntarios presentados en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible. En el informe de 2017 del Uruguay, el análisis del ODS 5 fue liderado por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), junto con el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Para la elaboración del informe del Ecuador de 2018, el Gobierno organizó un proceso participativo en el que se incluyó a las organizaciones de mujeres.

• La región ha sido pionera en adoptar instrumentos regionales y subregionales en torno a la igualdad de género, con frecuencia más ambiciosos que otros instrumentos globales, por lo que su plena vigencia e implementación deben ser una prioridad para los Gobiernos de América Latina y el Caribe.


• Para lograr la igualdad de género se requerirá el fortalecimiento de políticas integrales que aborden los nudos de la desigualdad.


• Es necesario intensificar los esfuerzos para analizar y compartir las buenas prácticas identificadas con respecto a la eliminación de todas las formas de violencia contras las mujeres y las niñas en toda la región. Comprender este fenómeno por medio de datos claros también es clave para luchar contra la impunidad.


• Para alcanzar el ODS 5 es vital reconocer el derecho al cuidado y valorar el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, así como impulsar sistemas integrales de cuidados como parte de la protección social desde un enfoque de género y de derechos.

• Promover la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres en el hogar es fundamental en una región donde la división sexual del trabajo constituye uno de los nudos estructurales de la desigualdad de género.


• Es necesario incorporar el enfoque interseccional e intercultural en el diseño de políticas públicas que impactan en la vida de las mujeres y abordar de forma multiescalar las desigualdades de género y el fortalecimiento de la cooperación regional.


• Se requiere un financiamiento suficiente y progresivo para cumplir con los compromisos regionales y globales de igualdad de género y autonomía de las mujeres.


• Se deben seguir fortaleciendo los mecanismos para el adelanto de las mujeres, a la vez que se asegura su plena integración en los mecanismos de coordinación nacional para el seguimiento de la Agenda 2030. Esto contribuirá a crear sinergias positivas para lograr la igualdad de género en las tres dimensiones del desarrollo sostenible y alcanzar la igualdad sustantiva para 2030.