• El cambio de uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura son causantes de una parte significativa de las emisiones regionales, debido a la importancia del sector primario y la escasa tecnificación de estas actividades en la región. El 58% de las emisiones de GEI de América Latina y el Caribe provienen del cambio de uso del suelo (38%) y la agricultura, la silvicultura y otros usos del suelo (20%). Las emisiones del sector de la energía representan el 25% del total de la región, incluida la participación de los sectores del transporte (11%), la generación y uso de electricidad, y otros (1).
• Los grupos poblacionales de mayores ingresos son los que emiten una mayor proporción de GEI en la región. Sin embargo, las poblaciones de menores ingresos son las más vulnerables y las que sufren en mayor medida las consecuencias, por no contar con los medios para adaptarse a las nuevas condiciones del clima.
• América Latina y el Caribe deberá aumentar de manera significativa la velocidad a la que ha venido descarbonizando sus economías y pasar de una velocidad de descarbonización histórica del 0,9% promedio anual (registrada entre 2010 y 2019) a una velocidad más de cuatro veces mayor, del 3,9% promedio anual, para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones planteados en las CDN. De hecho, para avanzar en la senda que permita alcanzar el objetivo de que el aumento de la temperatura media mundial no supere 1,5 oC, la velocidad de descarbonización de la región debe ser 8 veces mayor que la histórica (2).
• Más de la mitad de los subsidios a los combustibles fósiles en la región están dirigidos al petróleo y aproximadamente un 20% al gas natural y al uso final de la electricidad. Si bien en la última década existe una tendencia a disminuir los subsidios a los combustibles fósiles, en 2021 se destinaron en la región 75.600 millones de dólares a dichos subsidios, cifra que disminuyó a 56.600 millones de dólares en 2022, en un contexto de pobre desempeño económico. Solo cinco países de la región han fijado un impuesto nacional al carbono, al mismo tiempo que se está avanzando en el diseño de mecanismos de mercados de carbono.
• La región es especialmente vulnerable a fenómenos climáticos extremos, en particular el Caribe, donde pueden ocasionar retrocesos importantes. Por ejemplo, Dominica sufrió daños y pérdidas que ascendieron al 226% de su PIB cuando fue devastada por el huracán María, en 2017. Si bien se han alcanzado algunos logros en la reducción del impacto de los desastres, los informes nacionales muestran que los países no están en el camino de alcanzar las metas del Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.

• Land-use change, forestry and agriculture account for a significant share of regional emissions, owing to the importance of the primary sector and the low technification of these activities in the region. Some 58% of GHG emissions in Latin America and the Caribbean come from land-use change (38%) and agriculture, forestry, and other land use (20%). Emissions from the energy sector account for 25% of the region's total, including the share of the transport sector (11%), electricity generation and use, and others (1).
• Higher-income population groups emit a greater proportion of GHGs in the region. However, lower-income populations are the most vulnerable and suffer most from the consequences, as they do not have the means to adapt to the new climate conditions.
• The Latin American and Caribbean region will need to significantly increase the pace at which it has been decarbonizing its economies and move from a historical decarbonization rate of -0.9% per year on average (recorded between 2010 and 2019) to more than four times that rate (average of -3.9% per year) to reach the emission reduction targets set in the nationally determined contributions. In fact, in order to move towards the target of limiting global average temperature increase to no more than 1.5oC, the region's decarbonization rate needs to be eight times faster than the historical rate (2).
• More than half of fossil fuel subsidies in the region target oil and about 20% go to natural gas and electricity end-use. While fossil fuel subsidies have trended downward over the last decade, in 2021, US$ 75.6 billion was allocated to fossil fuel subsidies in the region, a figure that fell to US$ 56.6 billion in 2022, amid poor economic performance. Only five countries in the region have introduced a national carbon tax, although progress is being made in the design of carbon market mechanisms.
• The region is particularly vulnerable to extreme weather events, especially in the Caribbean, where they can cause major setbacks. For example, Dominica sustained damage and losses amounting to 226% of its GDP when it was devastated by Hurricane Maria in 2017. While some achievements have been made in reducing the impact of disasters, country reports show that countries are not on track to meet the targets of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030.