- Governments should promote open justice policies and take advantage of digital tools to strengthen internal and external oversight systems that provide greater transparency and accountability for cases handled by different judicial bodies.
- The characteristic tendency to distrust institutions and public officials in the region must be reversed. To that end, it is essential to have a solid institutional framework that depends both on the financial resources invested in public action and on legal frameworks in harmony with the main international instruments.
- More and better access to public information should be made available for citizens in order to facilitate collaboration and decision-making, anticipate disruptive events such as violence, and enable them to organize in participatory structures to co-create solutions that can add value to collective knowledge.
- In several countries, it is essential to improve the clearance of court cases, given the importance of increasing the efficiency and effectiveness of the judicial system, as evidenced by the high percentages of persons deprived of liberty without a conviction.
- It is advisable to improve the prioritization of public spending and its disclosure in budget programmes, which requires progress in budget management and better coordination between finance and planning ministries, in order to ensure greater coherence between the objectives of plans and their financing (10).
- Progress should be made in promoting open budgets with the aim of boosting trust in institutions, ensuring the quality of spending and preventing corruption, as well as fostering innovation and the development of new applications and services.
- It is important to improve the sectoral management and accountability of social programmes to limit arbitrary decision-making and ensure the proper use of resources for the most vulnerable and often least empowered sectors of the population. To that end, evaluation systems are essential; moreover, their results must be accessible not only to the managers of those programmes, but also to society as a whole.
- Es necesario que los gobiernos promuevan políticas de justicia abierta y aprovechen las herramientas digitales para fortalecer los sistemas internos y externos de control, que aporten una mayor transparencia y rendición de cuentas respecto de los casos que se atienden en las distintas instancias judiciales.
- Se requiere revertir la tendencia de desconfianza hacia las instituciones y hacia los funcionarios públicos que caracteriza a la región. Para ello es esencial disponer de una institucionalidad sólida que dependa tanto de los recursos financieros invertidos en la acción pública como de marcos legales en armonía con los principales instrumentos mundiales.
- Se necesita poner a disposición de la ciudadanía un mayor y mejor acceso a la información pública, que facilite la colaboración y la toma de decisiones, y permita anticiparse a eventos disruptivos, como la violencia, y organizarse en estructuras participativas para crear de forma conjunta soluciones que permitan poner en valor el conocimiento colectivo.
- En varios países, es fundamental mejorar la resolución de casos judiciales, considerando la importancia de aumentar la eficiencia y efectividad del sistema judicial, como lo demuestran los altos porcentajes de personas que se encuentran privadas de libertad sin sentencia.
- Se aconseja mejorar la priorización del gasto público y su expresión en los programas presupuestarios, para lo que se requiere avanzar en la gestión presupuestaria y mejorar la coordinación entre los ministerios de las áreas de finanzas y planificación, a fin de lograr una mayor coherencia entre los objetivos de los planes y su financiamiento (10).
- Se debe avanzar en la promoción de presupuestos abiertos con el objetivo de incrementar la confianza en las instituciones, asegurar la calidad del gasto y prevenir la corrupción, así como promover la innovación y el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios.
- Es importante mejorar la gestión y la rendición de cuentas sectorial de los programas sociales para limitar la discrecionalidad y asegurar que los recursos destinados a los sectores más vulnerables de la población, con frecuencia menos empoderados, se ejecuten adecuadamente. Para ello, son esenciales los sistemas de evaluación y, más aún, que sus resultados sean accesibles no solamente para los gestores de dichos programas, sino también para la sociedad en su conjunto.