• El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL publica un conjunto de indicadores relevantes para hacer un seguimiento del avance hacia la igualdad de género, la autonomía económica y física y la toma de decisiones de las mujeres y las niñas en toda su diversidad.
  • Los países han avanzado en el desarrollo de estrategias para implementar la legislación existente sobre violencia por razón de género en los distintos niveles de la administración pública. Algunos ejemplos son el Mecanismo Articulador para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género, de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, aprobado por Colombia en 2020, la Coordinadora Nacional del Mecanismo de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas en Guatemala y la Ley núm. 21675, aprobada en 2024, de Chile.
  • La sociedad del cuidado, un paradigma propuesto por la CEPAL y aprobado por los Estados en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, ubica la sostenibilidad de la vida en el centro y reconoce la interdependencia que existe entre las personas, la dimensión ambiental y el desarrollo económico y social, considerando el autocuidado y el cuidado de las personas, de quienes cuidan y del planeta.
  • En el Caribe se destacan las medidas implementadas para abordar los desastres con perspectiva de género.
  • Países como Argentina, Costa Rica, el Ecuador, Guatemala, México y Nicaragua han implementado medidas para el seguimiento y la lucha contra la explotación y el acoso sexual en línea.
  • Cabe mencionar los casos de Colombia, donde la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo está institucionalizada por ley y se lleva a cabo cada tres años, y de México, donde la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo se implementa cada cinco años y ha sido declarada Información de Interés Nacional.
  • En la región se destaca la labor de algunos países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y República Dominicana) en lo que respecta al desarrollo de mapas y sistemas de georreferenciación con indicadores de género y de oferta y demanda de cuidados, a fin de fortalecer el diseño de las políticas públicas de cuidado.
  • Cabe señalar la reforma constitucional de 2019 en México, denominada “Paridad en todo”, que estableció la obligatoriedad del principio de paridad en todos los niveles y poderes de gobierno. En países como Honduras y el Perú, los cambios legislativos en pro de la paridad, que elevaron el objetivo de participación de las mujeres en las listas del 30% al 50%, se tradujeron en aumentos significativos de mujeres electas a cargos deliberativos de ámbito local.
  • En los últimos años, varios países de la región han implementado y reforzado políticas destinadas a garantizar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Destacan los programas para adolescentes desarrollados en países como la Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Costa  Rica, Cuba, el Ecuador, México, Panamá, el Perú y Venezuela (República Bolivariana de). En la Argentina, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, México y Panamá, se han adoptado medidas para incorporar la educación sexual dentro de las normativas generales para la gestión educativa y los planes de estudio.
  • En Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela (República Bolivariana de), han tenido lugar experiencias exitosas en materia de incorporación de la perspectiva de género en el acceso a la tierra gracias a la realización de cambios normativos e institucionales.
  • Treinta y seis países y territorios de la región han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Todos los países y territorios de América Latina y el Caribe cuentan con leyes para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, algunas de ellas circunscritas al ámbito doméstico, y 14 países han aprobado leyes integrales que permiten abordar todas las manifestaciones de la violencia en los distintos espacios en los que se produce.
  • Se han promulgado marcos normativos orientados a luchar contra manifestaciones de la violencia por razón de género, como el femicidio o feminicidio en 19 países y territorios, y la prohibición del matrimonio infantil sin excepciones en 14 países.
  • La proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia física, sexual o psicológica a manos de su actual o anterior pareja en los últimos 12 meses, desglosada por forma de violencia y edad, alcanza en la región la cifra del 7%, y llega al 8,3% en el caso de las mujeres de 15 a 49 años de edad. Sin embargo, entre el 63% y el 76% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia por razón de género en algún ámbito de su vida.
  • En 2023 al menos 3.897 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio, lo que significa que, como mínimo, 11 mujeres y niñas mueren cada día por el hecho de ser mujeres.
  • Según datos de 2023, en promedio, el 4% de las mujeres de 20 a 24 años de 26 países y territorios de la región estaban casadas o unidas antes de los 15 años, y el 21,2%, antes de los 18 años, lo que está estrechamente vinculado con la deserción o expulsión escolar.
  • Dieciocho países contaban con mandatos constitucionales y legislativos para promover la representación de las mujeres a nivel nacional o local, y 9 de ellos habían aprobado leyes de paridad de género.
  • A nivel regional, los países que contaban con medidas de paridad que incluyen mecanismos robustos para su cumplimiento alcanzaron una participación femenina promedio del 45% en 2023, lo que supera en 13 puntos porcentuales el promedio del 32% de los países que no contaban con estas medidas.
  • La participación de las mujeres alcanzó un promedio del 35,8% en los parlamentos nacionales en 2024 y del 27,2% en los cargos deliberativos de los gobiernos locales en 2023. Por su parte, solo el 36,3% de los cargos directivos se encontraban ocupados por mujeres en 2022.
  • Ocho países han aprobado leyes que crean sistemas o políticas nacionales de cuidados.
  • A pesar de que en todos los países de América Latina y el Caribe se reconoce el derecho a la licencia de maternidad, en 10 países la duración de dicha licencia es de 14 a 17  semanas, y solo en 5 de ellos se otorgan licencias de 18 semanas o más. En los 18 países restantes, la licencia de maternidad dura menos de 14 semanas.
  • Veintitrés países de América Latina han llevado a cabo al menos una medición del uso del tiempo, y 5 de ellos han elaborado cuentas satélite sobre el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado basándose en estadísticas oficiales. Estas mediciones indican que el porcentaje del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado equivale a entre una cuarta y una quinta parte del producto interno bruto (PIB) y que las tres cuartas partes de ese porcentaje corresponden a la contribución de las mujeres.
  • La información disponible de 21 países de América Latina y el Caribe para 2022 muestra que el 75% de ellos contaba con leyes y reglamentos que garantizan el acceso a la salud sexual y reproductiva. Sin embargo, en el Caribe, este indicador se situó en el 54%.
  • Ocho países de la región prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia: El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis y Suriname. Por otro lado, seis países lo garantizan sin restricción por causales (Argentina, Colombia, Cuba, Guyana, México y Uruguay). El resto lo permite solo en ciertas circunstancias.
  • Siete países de la región cuentan con información sobre las decisiones de anticoncepción en el período comprendido entre 2006 y 2018. El 91% de las mujeres de 15 a 49 años declaró tomar sus propias decisiones informadas sobre el uso de anticonceptivos. Esta cifra se situó en el 86% en el caso de las decisiones sobre atención de la salud reproductiva y en el 90% en el de las decisiones sobre relaciones sexuales.
  • La información disponible sobre 19 países y territorios de la región indica que la proporción de personas que poseían un teléfono móvil en 2023 era del 83,8%, y no existían diferencias significativas entre las mujeres (83,8%) y los hombres (83,7%). Si bien estos datos son positivos —y mejores que los del indicador a nivel mundial—, el ritmo de los progresos es insuficiente para alcanzar la meta.
  • El 13% de los países de América Latina y el Caribe dispone de sistemas para el seguimiento de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, así como para la asignación de fondos públicos a este propósito. En 2021, el Estado Plurinacional de Bolivia y el Ecuador contaban con los sistemas más completos, mientras que el Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, el Paraguay y la República Dominicana cumplían con menos criterios.
  • Thirty-six countries and territories of Latin America and the  Caribbean have ratified the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. All the countries and territories of the region have laws to prevent and eradicate violence against women —some limited to the domestic sphere—, and 14 countries have passed comprehensive legislation to address all forms of violence in various spheres.
  • Regulatory frameworks have been adopted to combat gender-based violence, including to address femicide or feminicide in 19 countries and territories and to ban child marriage without exception in 14 countries.
  • The proportion of ever-partnered women and girls aged 15 years and older subjected to physical, sexual or psychological violence by a current or former intimate partner in the previous 12 months, by form of violence and by age, is 7% in the region overall, and 8.3% among women aged 15–49. That said, between 63% and 76% of women have experienced some form of gender-based violence in some sphere.
  • In 2023, at least 3,897 women were victims of femicide or feminicide; in other words, every day, at least 11 women and girls are killed on the basis of gender.
  • Data for 2023 indicate that, on average, 4% of women aged 20–24 in 26 countries and territories of the region had entered marriage or another form of union by age 15, and 21.2% by age 18. This has a clear impact on school dropout and expulsion.
  • Eighteen countries had constitutional or legislative mandates to support greater participation of women at the national or local level, and nine had passed gender parity laws.
  • At the regional level, countries with gender parity measures that include robust enforcement mechanisms had average female participation rates of 45% in 2023 —13 percentage points higher than the 32% average among countries with no such measures.
  • Women’s participation in national parliaments averaged 35.8% in 2024 and women held 27.2% of seats in deliberative bodies of local government in 2023. The proportion of women in managerial positions was just 36.3% in 2022.
  • Eight countries have passed laws establishing national care policies or systems.
  • All the countries of Latin America and the Caribbean recognize the right to maternity leave, of 14–17 weeks in 10 of the countries and 18 weeks or more in only 5. In the remaining 18 countries, the duration of maternity leave is less than 14 weeks.
  • Twenty-three Latin American countries have conducted at least one time-use measurement exercise, and five of them have established satellite accounts for unpaid domestic and care work based on official statistics. The results indicate that the percentage of unpaid domestic and care work is between one fourth and one fifth of gross domestic product and that women account for three fourths of that percentage.
  • Of 21 Latin American and Caribbean countries with data available for 2022, 75% had laws and regulations guaranteeing access to sexual and reproductive health. For the Caribbean subregion, that figure was 54%.
  • Eight countries have banned abortion in all circumstances: the Dominican Republic, El Salvador, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Saint Kitts and Nevis, and Suriname. Six countries, meanwhile, guarantee the right to abortion with no restrictions as to circumstance: Argentina, Colombia, Cuba, Guyana, Mexico and Uruguay. The remaining countries allow abortion only in certain circumstances.
  • In the seven countries of the region with data on contraceptive decisions for the period 2006–2018, 91% of women aged 15–49 report making their own informed decisions about the use of contraception. The figure was 86% for reproductive healthcare decisions and 90% for decisions regarding sexual relations.
  • In the 19 countries and territories of the region with data available, the proportion of women who owned a mobile phone in 2023 was 83.8%, with no significant gender gap (83.7% for men). This indicator is showing progress —more so than the global indicator—, but the pace is still too slow to meet the target.
  • Among the countries of Latin America and the Caribbean, 13% have systems to track and make public allocations for gender equality and women’s empowerment. In 2021, Ecuador and the Plurinational State of Bolivia had the most comprehensive systems, while those in Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, the Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Panama and Paraguay fulfilled fewer criteria.
  • América Latina y el Caribe es la única región del mundo que cuenta con una Agenda Regional de Género, que es una hoja de ruta profunda e integral, emanada de los acuerdos alcanzados por los Estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en las reuniones de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe celebradas desde 19771 .
  • El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo es un acuerdo regional que constituye uno de los instrumentos más avanzados del mundo para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en un marco de desarrollo sostenible y que se articula con la Agenda Regional de Género.
  • Hay avances en lo referente a la legislación sobre la protección de los derechos de las mujeres, incluidas las leyes de paridad política y las normativas contra la violencia de género. No obstante, continúan existiendo desafíos estructurales, como la persistencia de los feminicidios, la división sexual del trabajo, la desigual organización social del cuidado y la brecha en el acceso a recursos económicos y tecnológicos.
  • Las mujeres trabajan una cantidad similar o mayor de horas a la semana que los hombres. A pesar de ello, en todos los casos, las mujeres dedican menos horas al trabajo remunerado que los hombres, pues destinan más horas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo que socava su capacidad de obtener ingresos propios y el ejercicio de su autonomía.
  • En la región se han producido avances también en lo relativo a la ampliación de las licencias por maternidad y paternidad, aunque es preciso promover la ratificación y la aplicación de las normas internacionales del trabajo vinculadas con los cuidados2 para mejorar aspectos como el tiempo de las licencias por paternidad y la creación de licencias parentales y de cuidados de larga duración.

  1. Este órgano intergubernamental establece compromisos y orientaciones sobre políticas públicas con el objetivo de lograr la igualdad de género normativa y sustantiva, la garantía de los derechos y la autonomía de las mujeres.

  2. En ese sentido, el Convenio sobre la Protección de la Maternidad, 2000 (núm. 183) y el Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 (núm. 156) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) son fundamentales para establecer licencias y servicios de cuidado.

  • América Latina y el Caribe es la única región del mundo que cuenta con una Agenda Regional de Género, que es una hoja de ruta profunda e integral, emanada de los acuerdos alcanzados por los Estados miembros de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en las reuniones de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe celebradas desde 19771 .
  • El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo es un acuerdo regional que constituye uno de los instrumentos más avanzados del mundo para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las personas en un marco de desarrollo sostenible y que se articula con la Agenda Regional de Género.
  • Hay avances en lo referente a la legislación sobre la protección de los derechos de las mujeres, incluidas las leyes de paridad política y las normativas contra la violencia de género. No obstante, continúan existiendo desafíos estructurales, como la persistencia de los feminicidios, la división sexual del trabajo, la desigual organización social del cuidado y la brecha en el acceso a recursos económicos y tecnológicos.
  • Las mujeres trabajan una cantidad similar o mayor de horas a la semana que los hombres. A pesar de ello, en todos los casos, las mujeres dedican menos horas al trabajo remunerado que los hombres, pues destinan más horas al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, lo que socava su capacidad de obtener ingresos propios y el ejercicio de su autonomía.
  • En la región se han producido avances también en lo relativo a la ampliación de las licencias por maternidad y paternidad, aunque es preciso promover la ratificación y la aplicación de las normas internacionales del trabajo vinculadas con los cuidados2 para mejorar aspectos como el tiempo de las licencias por paternidad y la creación de licencias parentales y de cuidados de larga duración.

  1. Este órgano intergubernamental establece compromisos y orientaciones sobre políticas públicas con el objetivo de lograr la igualdad de género normativa y sustantiva, la garantía de los derechos y la autonomía de las mujeres.

  2. En ese sentido, el Convenio sobre la Protección de la Maternidad, 2000 (núm. 183) y el Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares, 1981 (núm. 156) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) son fundamentales para establecer licencias y servicios de cuidado.

  • To prevent maternal mortality, there is a need for expanded access to sexual and reproductive health along with maternal health —in particular, professional and timely care throughout the prenatal, delivery and postpartum cycle—, the functional integration of health networks and the elimination of unsafe abortion.
  • Child health should be prioritized through the application of specific prevention policies and structural social improvements, such as the expansion of women’s education, the health network and access to basic services.
  • There is a need to strengthen country-level action with respect to health measures aimed at the most vulnerable social groups, such as the poor, people of African descent and Indigenous Peoples, and the rural population.
  • The role of primary healthcare in terms of prevention, diagnosis, access to treatment and reduction of stigma should be emphasized, mainly in the case of people living with HIV. It is also a key factor in reducing deaths from noncommunicable diseases and in preventing and treating substance use. In general, the strengthening of primary healthcare is the main strategy for achieving universal health coverage.
  • It is essential to implement comprehensive strategies that address the root causes of traffic accidents, such as greater investment in road safety, development of a safer and more efficient public transport system, increased road safety education, the application of highway infrastructure standards and improvements, and the strengthening of regulations and enforcement.
  • Follow-up on the provisions of international agreements — specifically, the Cairo Programme of Action and, above all, the Montevideo Consensus on Population and Development— is essential in order to implement initiatives to prevent adolescent pregnancy based on pillars such as the recognition of the sexual and reproductive rights of adolescents and the formal provision of specialized and suitable services and spaces to provide broad-ranging counselling and timely, quality comprehensive care focused on the exercise of sexual and reproductive rights.
  • To meet the health challenges associated with water and air pollution and exposure to hazardous substances, it is essential to have adequate information on emissions and to be able to monitor them continuously. This will make it possible to formulate and follow up public policies and standards on emissions and engage all stakeholders in the development of preventive measures.
  • It is important to have pollutant release and transfer registers in place and to implement the various international conventions that address this problem, such as the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal, and the Minamata Convention on Mercury.
  • There is a need to strengthen the research and development of vaccines and medicines in order to guarantee universal access to vaccines and prevent the reappearance of diseases that had already been eradicated in several of the region’s countries.
  • Investment in health must be increased, ensuring the financial sustainability of the system and managing resources efficiently. There is a need to develop health systems that ensure financial protection, coverage and access under a universalist approach that is sensitive to differences, guaranteeing commitments on coverage, sufficiency (quality) and financial sustainability, both for current and future generations.
  • It is essential to strengthen health systems to increase their resilience and their capacity to detect and prevent future outbreaks of communicable diseases, and to respond to them effectively and efficiently, without triggering a disruption of health services or a health crisis such as that experienced during the COVID-19 pandemic.
  • It is therefore essential to promote structural transformations aimed at ensuring the population’s right to health, which means developing universal, comprehensive, sustainable and resilient health systems.
  • Para prevenir la mortalidad materna, se recomienda ampliar el acceso a la salud sexual y reproductiva, así como a la salud materna —en particular, a la atención profesional y oportuna durante todo el ciclo prenatal, del parto y del posparto—, la integración funcional de las redes de salud y la eliminación del aborto inseguro.
  • Es importante priorizar la salud infantil mediante la aplicación de políticas específicas de prevención y mejorías sociales estructurales, como la expansión de la educación de las mujeres, de la red de salud y del acceso a los servicios básicos.
  • Es necesario reforzar la acción en los países con respecto a las medidas en materia de salud dirigidas a los grupos sociales que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, como las personas pobres, las poblaciones afrodescendientes e indígenas y la población rural.
  • Es importante subrayar el papel de la atención primaria de la salud en términos de prevención, diagnóstico, acceso a tratamientos y reducción del estigma, principalmente en lo referente a las personas que viven con el VIH. Asimismo, es clave en la reducción de las muertes por enfermedades no transmisibles y en la prevención y el tratamiento del consumo de sustancias adictivas. En general, el fortalecimiento de la atención primaria de la salud es la principal estrategia para alcanzar la cobertura sanitaria universal.
  • Es fundamental implementar estrategias integrales, que aborden las causas más profundas de los accidentes viales, como el incremento en la inversión en seguridad vial, el desarrollo de un sistema de transporte público más eficiente y seguro, mayores niveles de educación vial, la aplicación de normas y mejoras de infraestructura vial, y el fortalecimiento de la normativa y su cumplimiento.
  • Es esencial dar seguimiento a lo establecido en los acuerdos internacionales —en concreto, en el Programa de Acción de El Cairo y, sobre todo, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo—, para implementar iniciativas de prevención del embarazo en la adolescencia basadas en pilares como el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes y la oferta formal de servicios y espacios especializados e idóneos para brindar una consejería amplia y una atención integral, oportuna y de calidad enfocada en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.
  • Para enfrentar los retos de salud asociados a la contaminación del agua y el aire, y a la exposición a sustancias peligrosas, es imprescindible contar con información adecuada sobre las emisiones y poder monitorearlas de manera continua, a fin de contribuir a la formulación y el seguimiento de las políticas públicas y las normas relativas a las emisiones, así como hacer partícipes a todos los actores para desarrollar medidas preventivas.
  • Es importante contar con registros de emisiones y transferencia de contaminantes e implementar los distintos convenios internacionales relativos a este problema, como el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, el Convenio de Rotterdam sobre el Procedimiento de Consentimiento Fundamentado Previo Aplicable a Ciertos Plaguicidas y Productos Químicos Peligrosos Objeto de Comercio Internacional, el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación, y el Convenio de Minamata sobre el Mercurio.
  • Es necesario fortalecer la investigación y el desarrollo de vacunas y medicamentos a fin de garantizar el acceso universal a las vacunas y prevenir la reaparición de enfermedades que ya se encontraban erradicadas en varios países de la región.
  • Se requiere aumentar la inversión en salud, garantizando la sostenibilidad financiera del sistema y una gestión eficiente de los recursos. Hace falta desarrollar sistemas de salud que aseguren la protección financiera, la cobertura y el acceso desde un enfoque de universalismo sensible a las diferencias, garantizando los compromisos de cobertura, suficiencia (calidad) y sostenibilidad financiera, tanto para las generaciones actuales como para las futuras.
  • Es fundamental fortalecer los sistemas de salud para aumentar su resiliencia y su capacidad de detectar y prevenir futuros brotes de enfermedades transmisibles, y de responder a estos de manera eficaz y eficiente, sin que ello provoque una interrupción de los servicios de salud o una crisis sanitaria como la experimentada durante la pandemia de COVID-19.
  • En general, resulta imprescindible impulsar transformaciones estructurales orientadas a garantizar el derecho a la salud de la población, lo que implica avanzar hacia el desarrollo de sistemas de salud universales, integrales, sostenibles y resilientes.
  • La campaña “Cero muertes maternas: evitar lo evitable”, lanzada en marzo de 2023 por el Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna es una estrategia relevante para acelerar la reducción de la mortalidad materna en la región.
  • El programa de vacunación universal contra el virus respiratorio sincicial implementado en Chile para los nacidos desde octubre de 2023 hasta octubre de 2024 ha permitido erradicar la mortalidad atribuida a este virus en esta cohorte en 2024 y reducir significativamente la presión asistencial derivada de esta infección viral.
  • La Iniciativa de la OPS para la Eliminación de Enfermedades, aprobada en 2019 por los países de la región, es una práctica importante que busca fortalecer los sistemas de salud en lo que respecta a la prestación de servicios, los sistemas de información y vigilancia, y la gobernanza y la rectoría.
  • La iniciativa “Mejor atención para las ENT”, de la OPS, se centra en el fortalecimiento de distintos elementos de la atención primaria de la salud.
  • El Grupo Experto Regional en AirQ+ para América Latina y el Caribe tiene por objeto aumentar las capacidades técnicas de los países de la región para realizar evaluaciones de impacto, a fin de poder avanzar en la gestión integral de la salud y la calidad del aire.
  • En Chile, Colombia y México se han implementado programas, políticas e iniciativas dirigidos tanto a monitorear la calidad del aire como a fortalecer la legislación para reducir la contaminación.
  • Se ha logrado regular la exposición a determinados productos químicos peligrosos como el asbesto en Colombia, que lo hizo en 2019 a través de la Ley núm. 1968, en la Argentina en 2000 (Resolución núm. 845) y en Chile en 2001 (Decreto núm. 656).
  • The campaign “Zero Maternal Deaths: Prevent the Preventable”, launched in March 2023 by the Regional Task Force for the Reduction of Maternal Mortality, is an important initiative that aims speed up the reduction of maternal mortality in the region.
  • The programme of universal vaccination against the respiratory syncytial virus implemented in Chile for children born between October 2023 and October 2024 made it possible to eradicate mortality attributed to this virus in this cohort and significantly alleviated the healthcare pressure generated by this viral infection.
  • The PAHO Diseases Elimination Initiative, approved in 2019 by the countries of the region, plays an important role in seeking to strengthen health services in the areas of service delivery, information and surveillance systems, and governance and stewardship.
  • The PAHO Better Care for NCDs initiative focuses on strengthening different elements of primary healthcare.
  • The AirQ+ Regional Expert Group for Latin America and the Caribbean aims to build technical capacities in the countries of the region to conduct impact assessments for the purpose of enhancing the integrated management of health and air quality.
  • Chile, Colombia and Mexico have implemented programmes, policies and initiatives to both monitor air quality and strengthen legislation to reduce pollution.
  • The regulation of exposure to certain hazardous chemicals such as asbestos was achieved in Colombia in 2019 through Act No. 1968, in Argentina in 2000 (Resolution No. 845) and in Chile in 2001 (Decree No. 656).
  • In the 2010s, the maternal mortality ratio in the region remained in a range of 74–78 deaths per 100,000 live births. However, in 2020, there was a significant increase to almost 88 deaths per 100,000 live births.
  • Under-5 mortality fell from an average of 33.1 deaths per 1,000 live births in 2000 to 15.8 deaths per 1,000 live births in 2022.
  • The average neonatal mortality rate declined from 16.9 deaths per 1,000 live births in 2000 to 9 deaths per 1,000 live births in 2022.
  • The adolescent fertility rate in the region was 51 births per 1,000 women in 2024.
  • The mortality rate attributed to noncommunicable diseases in Latin America and the Caribbean has trended down, dropping from 18.7% in 2000 to 14.8% in 2019.
  • The suicide mortality rate per 100,000 population has remained broadly stable, albeit edging up from 6.0 to 6.2 between 2015 and 2019 in Latin America and the Caribbean. However, it is 14.8% higher than the rate of 5.4 recorded in 2000.
  • At the regional level, the rate of new HIV infections per 1,000 uninfected population decreased from 0.27 in 2000 to 0.19 in 2022.
  • Malaria has retreated significantly in the region over the past two decades, dropping from 13.1 cases per 1,000 population in 2000 to 3.6 in 2022. In contrast, the incidence of tuberculosis, which had fallen from 54 to 41 cases per 100,000 population between 2000 and 2015, has risen again to 48 cases per 1,000 population in 2022.
  • In 2022, 79% of the population in Latin America and the  Caribbean received the third dose of the diphtheria, tetanus and pertussis vaccine (DTP3), but take-up has been declining since 2016, when about 90% of the population had received the vaccine.
  • With regard to the human papillomavirus vaccine, 63% of the target population was covered in 2017, after which there was a fall-off; in 2022, coverage was 52% of the population.
Suscribirse a